Comunicados

Creación de Zonas de Reserva, violenta gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

El día 6 de junio del presente año, el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, firmó un Decreto Presidencial para levantar más de diez Vedas y crear zonas de reservas de aguas nacionales que corresponden al 40 por ciento de las cuencas del país, las cuales contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

 

Levantar las Vedas para crear Zonas de Reserva Parcial, más allá de ser una protección jurídica sobre las aguas superficiales para garantizarlas a las futuras generaciones y preservar el equilibrio ecológico, como lo pretenden hacer ver la CONAGUA, SEMARNAT tiene efectos jurídicos totalmente contrarios, ya que flexibilizan el uso y aprovechamiento del agua a las empresas transnacionales y empresas privadas interesadas.

Cabe destacar que la organización WWF (activa promotora del establecimiento de las Zonas de reserva Parcial) se atribuye una representación que nadie le ha dado, pues el proceso de emisión de estos decretos no contó con la participación de la ciudadanía, por lo que desconocemos los intereses internacionales a los cuales dicha organización está sujeta.

La Ley de Aguas Nacionales, dispone que en una zona vedada no se autoriza ningún aprovechamiento de agua, adicional a los establecidos previamente a su promulgación, en cambio, en una Zona de Reserva se puede realizar aunque con algunas limitaciones, la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

La creación de Zona de Reserva Parciales es el instrumento más flexible que encontraron para en efecto garantizar un volumen para el uso público urbano y ambiental, liberar el resto para la explotación, el uso y aprovechamiento del agua para cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública. Además los decretos establecidos no tienen una mirada holística de las cuencas, ya que en ellos no se establecen directrices sobre el uso, protección y cuidado de las aguas subterráneas.

El levantamiento de las Vedas, que protegían la extracción y aprovechamiento del agua, violentan gravemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como el derecho a la libre determinación y autonomía, para que decidan libremente sus aspiraciones sobre sus bienes naturales, y rompen la relación incluso espiritual que los pueblos guardan con el agua, así como el derecho a la consulta, libre, previa e informada.

Entre las comunidades afectadas se encuentran las  asentadas en los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde podría haber serios impactos en los territorios de las comunidades indígenas, quienes son las que resguardan el agua  y que han quedado fuera de la discusión y la decisión sobre el uso y manejo de este bien natural.

Estos Decretos instrumentan el camino para otorgar la certeza jurídica sobre el agua al sector privado, por lo que a la salida del actual gobierno priista entrega a la inversión privada no solo de los hidrocarburos y minerales sino ahora también con la entrega del agua.

En Oaxaca, las zonas de reserva se han dado en dos de las principales cuencas del estado: Atoyac y Papaloapam, bajo el argumento de que el agua existente en ellas se desperdicia, sin embargo la región donde se estableció la reserva parcial correspondiente a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, es una zona donde hay proyecciones para la explotación de hidrocarburos vía fracking, establecimiento de minas y la generación de energía eléctrica hidroeléctricas. Hasta ahora comunidades chinantecas se oponen a la construcción de una presa.

Otras de las regiones afectadas es la correspondiente a la Región Hidrológica número 20, Costa Chica de Guerrero, donde se encuentran principales Ríos como: Río Atoyac-Salado, Río Atoyac-Tlapacoyan, Río Sordo-Yolotepec, Río Atoyac-Paso de la Reina y Río Verde. En ésta última las comunidades de la costa oaxaqueña han estado en resistencia por más de 10 años ante la pretensión del Estado de construir varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Estos proyectos desde la visión del Estado son de interés y de utilidad pública y necesitan de gran cantidad de agua para su funcionamiento. Con esto podemos ver claramente que el agua está reservada para las empresas privadas, más allá del beneficio para las futuras generaciones y la conservación ambiental, como lo maneja en su discurso actual.

Las organizaciones y comunidades firmantes externamos nuestra preocupación ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus tierras y territorios, reconocidos en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Ante esta situación grave de violaciones a los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas hacemos un llamado a:

A los Pueblos, Comunidades, Organizaciones Sociales, autoridades municipales y agrarias a ejercer el derecho a la libre determinación, el agua para las comunidades NO ES UNA MERCANCÍA, es un bien natural que tiene que ser respetado y cuidado.

A las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a pronunciarse y exigir al Gobierno Mexicano, el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la no mercantilización de los bienes naturales que se encuentran dentro de sus territorios.

Exigimos la cancelación de los proyectos hidroeléctricos La Parota, Paso de la Reina, Proyecto Usila, que a raíz de estos decretos pretenden ser reactivados para beneficio de las empresas, a pesar de la oposición de los movimientos como el CECOP, COPUDEVER y la asamblea comunitaria de San Felipe Usila.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de junio del 2018.

 

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios:

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C, Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA, Servicios del Pueblos Mixe Ser Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Frente de Autoridades Agrarias y Municipales (FAMA), Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)

 

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